La peor Administración de Justicia en la historia del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial

23 agosto 2018
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Quiero iniciar este análisis aclarando que mi propósito no es plantear una cosmovisión de lo que se entiende por poder judicial ni, mucho menos, sentar cátedra en este sentido, sino, más bien, limitarme a un análisis y una crítica racional de la Administración de Justicia en Guinea Ecuatorial, y la manera en que los jueces, magistrados y fiscales están llamados a desempeñar sus funciones.

Antes de entrar en el análisis, conviene, en primer lugar, hacer un esbozo del funcionamiento y organización de nuestro sistema judicial y del Ministerio Fiscal. La Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial preceptúa, en su artículo 91, que la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente al poder judicial. En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 1, estipula que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Jefe del Estado por medio de jueces y tribunales independientes, imparciales, inamovibles, inmunes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

De las anteriores premisas, constitucional y legal, se deduce la conclusión de que la jurisdicción es un poder del Estado integrado por jueces y tribunales determinados por la Constitución y la Ley y, como tal, le compete en virtud de las reglas de independencia, imparcialidad, inamovilidad, inmunidad, responsabilidad y sometimiento único al ordenamiento jurídico en su conjunto, administrar la justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de proceso.

Nuestro poder judicial se organiza, funcionalmente, en jurisdicciones ordinaria y especial. La primera se compone de los siguientes órganos imbricados por su orden de jerarquía, no funcional sino orgánica: la Corte Suprema de Justicia, las Audiencias Territoriales, los Juzgados de Primera Instancia, Instrucción, Familia y Tutelar de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, del Tribunal de lo Tradicional y los Juzgados de Paz. La jurisdicción especial, por su parte, la compone la jurisdicción militar en sus diferentes plantas y grados.

Como se ha dicho, corresponde al poder judicial juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en todo tipo de proceso, es decir, resolver los conflictos de toda naturaleza que surjan entre los ciudadanos, nacionales y extranjeros residentes en el país, o entre estos y los poderes del Estado, como la propia Administración Pública. También protege y garantiza, mediante la tutela judicial efectiva, el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Según la Ley Fundamental, es una competencia que corresponde, exclusivamente, al poder judicial, en el sentido de que ningún otro poder del Estado debe ni puede asumirla, según las reglas y criterios de especialidad funcional del principio de separación horizontal de poderes.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, institución de relevancia constitucional, está dotado de personalidad jurídica propia e integrado, con plena autonomía, funcional, dentro de la Administración de Justicia, y ejerce su función por medio de órganos propios de conformidad con los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica con plena sujeción a la legalidad e imparcialidad. Al Ministerio Fiscal le corresponde promover la acción de la justicia, de oficio o a instancia de parte, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y procura, ante los Tribunales, la satisfacción del interés sociales. Es decir, es defensor de la legalidad y representa al Estado en la acusación pública u oficial. Cabe señalar, por último, que el Ministerio Fiscal no es un órgano jurisdiccional propiamente dicho, sino un órgano que colabora con la Administración de justicia y, orgánicamente, pertenece al Ministerio de Justicia.

Partiendo del análisis realizado por Segio Abeso Tomo, en su libro “La cirugía procesal de la demanda en el derecho ecuatoguineano”, sobre las causas del mal funcionamiento del poder judicial y, por extensión, del Ministerio Público, corroboro su opinión en el sentido de que las causas de la atrofia judicial de nuestro país no son exógenas, sino endógenas, es decir, hay que buscarlas desde dentro, por las razones que voy a argumentar a continuación:

En primer lugar, se echa en falta, en nuestro sistema judicial, la verdadera carrera judicial, a pesar de que la LOPJ contempla, en su artículo 154, los requisitos mínimos de capacidad, méritos, experiencia profesional y competencia académica en la selección de los jueces, magistrados y fiscales de carrera, pero en la práctica forense no se cumple. Es la verdadera razón por la que, en nuestra Administración de justicia, haya nepotismo, dedocracia e intrusismo profesional. A un juez, magistrado o fiscal, no se le puede seleccionar a dedo, ni por razón de parentesco o de consanguinidad, afinidad, amistad o de cualquier otra índole, sino que aquellos alcanzan su condición de juez, magistrado o fiscal en virtud de una prueba selectiva y previa preparación académica suficiente acreditada con la correspondiente titulación universitaria.

Es increíble que, en pleno siglo XXI, tengamos jueces, magistrados y fiscales legos o en pleno proceso de formación, careciendo la inmensa mayoría de ellos de titulación en derecho y sin conocimiento alguno de deontología. En tales condiciones, ¿cómo puede el Poder Judicial funcionar correctamente? La Administración de Justicia ya se ha convertido en un refugio del mercado laboral, donde gente sin formación ni profesión busca y halla empleos y puestos de trabajo, pues los inquilinos de turno de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, ya se valen de esta condición para ofrecer empleos a sus parientes y demás allegados en una institución, como la Administración de Justicia, donde la capacidad técnica y el mérito profesional son imprescindibles.

En mi opinión, la situación ya es endémica y se ha desbordado, convirtiéndose como algo normal; de ahí la corrupción institucionalizada en la Administración de Justicia integrada por unos jueces, magistrados y fiscales ignorantes de la ley y del derecho e incapaces de aplicarlos y ejecutar sus propias resoluciones. En todo caso, y sin la más mínima ambición de ser exhaustivo en la crítica, debo indicar también que todo lo que comento aquí puede comprobarse bastando con recabar y leer alguna resolución judicial o dictamen de un fiscal, para constatar errores y horrores de unos escritos llenos de faltas ortográfica elementales y sin motivación jurídica alguna, no alcanzando una extensión máxima de dos o tres páginas.

Sin intención de buscar culpables, creo que la bochornosa situación de la Administración de  Justicia de nuestro país, se debe, entre otras razones, a la falta de voluntad política del Gobierno de crear una verdadera carrera judicial para contar con un poder judicial dotado de jueces, magistrados y fiscales competentes y capacitados; de hecho, estamos asistiendo, en las últimas semanas, a la persecución de jueces y magistrados, siendo varios de ellos detenidos, encarcelados e incluso removidos de sus cargos sin causa legalmente justificada. Se han creado, de facto, otros órganos judiciales paralelos, como el caso de la famosa comisión parlamentario de Quejas y Peticiones, que realmente sustituye a los tribunales en la función de juzgar y ejecutar lo juzgado en nuestro país, en clara violación dela Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. La coincidencia de Juan Carlos Ondo Angué y David Nguema Owono, en sus respectivos puestos de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, no ha hecho sino dar el tiro de gracia al moribundo Poder Judicial de Guinea Ecuatorial.

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